Por Virginia González – Colectivo Juana Azurduy
Ante la necesidad de alcanzar acuerdos que nos acerquen a una mejor convivencia y a un país más justo, es necesario comprometer nuestros mayores esfuerzos para construir comunidad antes que desplegar demostraciones de fuerza que sólo generan una marcada fragmentación y profundizan las desigualdades.
Junín es una hermosa ciudad que se reconoce en el trabajo, en la solidaridad y en la idea de que los problemas se resuelven mediante el diálogo respetuoso, aun cuando existan profundas diferencias. Esa ha sido siempre nuestra forma de hacer las cosas: conversar con vecinos, participar en reuniones, asumir compromisos y contribuir en buscar soluciones a los problemas que aquejan a nuestra ciudad.
Por eso, lo ocurrido el pasado 18 de febrero en la puerta de una de nuestras casas comunitarias nos obliga a expresarnos públicamente.
Ese día se desplegó un operativo de tránsito con más de ocho inspectores y varios vehículos oficiales para secuestrar siete motocicletas pertenecientes a educadores y jóvenes que participan de nuestras actividades. La escena fue impactante: móviles, silbatos, grúa, actas mal labradas en medio de un espacio donde cotidianamente se trabaja con adolescentes y familias.
Los hechos no pueden analizarse aislados. Días antes nos habíamos reunido con vecinos de Pueblo Nuevo y con autoridades municipales para abordar inquietudes vinculadas con nuestra presencia en el barrio desde hace algunos meses, y en particular acerca del estacionamiento de motocicletas. Allí mismo asumimos el compromiso de iniciar un expediente para ordenar la situación. Ese expediente fue presentado en tiempo y forma en los plazos acordados. Sin embargo, el mismo día en que formalizamos ese trámite, se montó el operativo por parte del área de seguridad vial, en total conocimiento de funcionarios municipales.
Lo que no puede naturalizarse es la desproporción. Cuando para siete motos se despliega un operativo de esa magnitud, el mensaje deja de ser “ordenar el tránsito” y empieza a ser otro: el de una demostración de poder innecesaria frente a una institución comunitaria.
Nos preocupa que el Estado utilice herramientas legítimas de control de manera intimidatoria. Nos preocupa que, en lugar de privilegiar el diálogo que ya estaba en marcha, se opte por una intervención que generó angustia en jóvenes que estaban participando de actividades educativas, deportivas, culturales.
También nos preocupa que el procedimiento haya tenido como consecuencia inmediata una carga económica desmedida. Las multas, el acarreo y la estadía implican montos que resultan difíciles de comprender en relación con la situación planteada. Cuando la prioridad parece ser la sanción y no la solución acordada, algo se desordena en la lógica pública.
Pero quizá lo más grave sea el intento de instalar sospecha sobre una organización que lleva más de 16 años trabajando en Junín. Somos una asociación civil con personería jurídica, con casas comunitarias abiertas de lunes a sábado, con articulación permanente con escuelas, clubes, sociedades de fomento, universidades, organismos provinciales y nacionales. Nuestro trabajo es visible, cotidiano y profundamente arraigado en lo local y en lo regional.
Cuando el Estado monta un operativo de estas características en la puerta de una institución que trabaja con jóvenes – muchos de ellos atravesando situaciones complejas- no solo aplica multas: envía un mensaje. Y ese mensaje puede interpretarse como un intento de disciplinar, de desacreditar o de desalentar el compromiso social. En una ciudad como Junín, donde los valores de la solidaridad y el compromiso social han sido siempre parte de su identidad, no debería ser un comportamiento tolerable.
Junín no necesita eso. Necesita más puentes, y no estos gestos de confrontación. Necesita que quienes trabajamos a favor del desarrollo humano, seamos reconocidos como parte de la solución, no tratados como un problema.
No estamos pidiendo privilegios. Estamos pidiendo razonabilidad. Estamos pidiendo que el ejercicio de la autoridad no se convierta en abuso, que el control no se transforme en hostigamiento y que las diferencias se tramiten con diálogo institucional, no con demostraciones de fuerza, sino con manifiesta responsabilidad institucional hacia el conjunto de los y las juninenses.
Nuestra respuesta ante lo sucedido es clara: vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir abriendo espacios para niños y jóvenes, acompañando trayectorias de vida, construyendo comunidad. Y en las próximas semanas inauguraremos un nuevo Centro Juvenil, convencidos de que la mejor manera de defender los valores de nuestra ciudad es ampliando oportunidades, en pos de una democracia fuerte y sustantiva.
Porque creemos en un Junín donde el cuidado, el respeto y la cooperación estén por encima de cualquier lógica recaudatoria o gesto intimidatorio. Y donde la autoridad pública se ejerza con equilibrio, prudencia y sentido de comunidad.
Cuidar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, no es sólo una política de gobierno que requiere coraje, formación, planificación, es también un acto cargado de futuro y de esperanza. Creemos, profundamente, que esa es la ciudad que la mayoría necesita y desea.
