La ONU emitió un informe contundente denunciando un grave deterioro de los derechos humanos en Argentina desde la asunción de Javier Milei. El documento detalla la represión violenta de las protestas sociales, con un protocolo antipiquetes que habilita el uso excesivo de la fuerza y la detención arbitraria de manifestantes, incluyendo periodistas. Se destaca el caso del fotoreportero Pablo Grillo, gravemente herido por una granada de gas lacrimógeno. Además, el informe señala la persecución judicial de jueces y fiscales que investigan al gobierno, como el caso de la jueza Karina Andrade, hostigada por investigar detenciones durante una manifestación.
Este accionar del gobierno se enmarca en un contexto de aprobación de leyes y decretos que debilitan las instituciones democráticas, como el mega DNU que derogó decenas de leyes y la ley anti mafias que permite detenciones sin orden judicial. La ONU expresa su preocupación por el uso de la etiqueta “terrorismo” para describir protestas sociales, una estrategia que busca silenciar la disidencia y legitimar la represión.
La solicitud de prórroga por parte del gobierno argentino para responder al informe de la ONU evidencia una falta de transparencia y un intento de ocultar la gravedad de la situación. El informe de Naciones Unidas deja al descubierto un progresivo vaciamiento democrático en Argentina, con un gobierno que utiliza el Estado para sofocar la disidencia y gobernar sin contrapesos, generando un clima de miedo y cercenando las libertades fundamentales.
