En una fecha de fuerte carga simbólica, la decisión dejó a la Argentina alineada con Estados Unidos e Israel, los únicos tres países que votaron en disidencia contra 123, en la ONU.
En el marco del Día Internacional del Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavizados, la Argentina votó en contra de una resolución impulsada por Ghana en las Naciones Unidas que reafirma la esclavitud como crimen de lesa humanidad y promueve el debate sobre reparaciones históricas. La decisión se inscribe en un gesto más de negacionismo del gobierno de Javier Milei y de alineamiento y subordinación con Estados Unidos e Israel. Estos tres fueron los únicos votos en contra de la Asamblea General.
La votación tuvo lugar en una fecha de fuerte carga simbólica a nivel global, dedicada a la memoria de las víctimas de la esclavitud transatlántica y a la reflexión sobre sus consecuencias presentes en las formas contemporáneas de racismo.
El posicionamiento del Estado argentino entra en tensión con los compromisos internacionales asumidos. La Constitución Nacional, a través del artículo 75 inciso 22, otorga jerarquía constitucional a tratados de derechos humanos que integran el orden jurídico interno. Asimismo Argentina adhirió al Programa y al Plan de Acción de Durban, aprobado en 2001, en el marco de la III Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia de las Naciones Unidas, donde se establece con claridad el carácter de la esclavitud como crimen de lesa humanidad. El documento lo expresa en su párrafo 13:
“(…) y reconocemos asimismo que la esclavitud y la trata de esclavos, especialmente la trata transatlántica de esclavos, constituyen, y siempre deberían haber constituido, un crimen de lesa humanidad y son una de las principales fuentes y manifestaciones de racismo”.
Se trata de un consenso internacional consolidado desde hace décadas, que vincula la esclavitud con las desigualdades raciales persistentes y con las demandas de reparación impulsadas por la comunidad afrodescendiente organizada en distintos continentes.
En ese contexto, el voto negativo de la Argentina adquiere un significado político particular. En una jornada dedicada a la memoria y al reconocimiento de las víctimas, el gobierno optó por desmarcarse de una iniciativa que retoma principios ya reconocidos en el derecho internacional y previamente aceptados por el propio Estado.
El resultado de la votación —123 países a favor, 3 en contra y 52 abstenciones— confirma la consolidación de un consenso internacional orientado a reconocer la esclavitud como crimen de lesa humanidad y a avanzar en la agenda de reparaciones históricas. En ese escenario, la posición de la Argentina no sólo la ubica en un lugar de aislamiento, sino que la inscribe en un bloque minoritario que resiste ese proceso global, marcando un retroceso en materia de derechos humanos. El alineamiento del gobierno de Javier Milei con Estados Unidos e Israel refuerza así una política exterior que tensiona los compromisos históricos del país y debilita su tradición en el sistema internacional de derechos humanos.
