Sobre el filo del plazo legal, el Presidente envió al Congreso los vetos a las leyes para aumentar el Financiamiento Universitario y la Emergencia Pediátrica. Por ahora y en medio de las tensiones con los gobernadores, estiró la definición sobre los ATN. El Parlamento ya prepara las insistencias.
Javier Milei empezó a cumplir este miércoles con su amenaza de vetar las leyes que la oposición logró sancionar en el Congreso. Primero, sobre el filo del plazo constitucional, envió en la tarde de este miércoles al Parlamento la comunicación formal del rechazo a la Ley de Financiamiento Universitario, que contemplaba aumentos para gastos de funcionamiento, becas y salarios docentes. Más tarde, se publicó el rechazo del Ejecutivo a la Ley de Emergencia Pediátrica, con el argumento de la necesidad de preservar el “equilibrio fiscal” y evitar lo que la administración libertaria considera un “aumento desmedido e irresponsable del gasto público”.
La decisión no sorprende: el propio Milei había ratificado en su búnker electoral que el rumbo económico no se negocia, incluso tras la derrota frente al peronismo. Desde la Casa Rosada dejaron trascender que el veto será total también para la coparticipación automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
En los fundamentos del veto a la Ley de Financiamiento Universitario, el Poder Ejecutivo sostiene que la ley aprobada por el Congreso carece de una fuente de financiamiento concreta y suficiente. Señala que el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera exige que toda norma que disponga gastos especifique los recursos para solventarlos, algo que –según el decreto– no se cumple en este caso. Para la Casa Rosada, la norma aprobada por el Parlamento se limita a ordenar readecuaciones de partidas y a mencionar ingresos por encima de lo presupuestado, pero sin identificar qué rubros se verían afectados ni cómo se cubriría el déficit si esos recursos no alcanzan.
El Ejecutivo detalla además que la implementación de la ley implicaría un costo adicional de más de un billón de pesos en 2025, producto de la actualización de partidas, aumentos salariales para docentes y no docentes, y recomposición de becas estudiantiles. Advierte que semejante erogación generaría un “desequilibrio fiscal” que presionaría sobre la inflación y afectaría especialmente a los sectores más vulnerables.
En esa línea, el decreto argumenta que promulgar la ley pondría en riesgo la estabilidad macroeconómica, forzando emisión monetaria para cubrir gastos sin respaldo. “La economía tiene reglas claras y la primera de ellas es que no se puede gastar más de lo que ingresa”, afirma el texto. El Gobierno insiste en que el debate sobre mayores recursos para las universidades debe darse en el marco de la discusión integral del Presupuesto 2026, que se enviará al Congreso el 15 de septiembre.
Los argumentos del veto a la Emergencia en el Garrahan
El Decreto que veta la Ley de Emergencia Pediátrica en el Garrahan lleva la firma del Presidente y de todo el gabinete nacional. Sus fundamentos son contundentes:
- Impacto Fiscal Directo: El Gobierno estimó un “impacto fiscal directo” de $115.030.000.000 por la recomposición salarial prevista en la ley.
- Desfinanciación de otros programas: Aduce que este gasto debería financiarse con “reasignaciones dentro del presupuesto del Ministerio de Salud y con reservas destinadas a contingencias sanitarias”, lo que “inevitablemente conduciría a la desfinanciación de programas sanitarios vigentes y a la erosión de los recursos destinados para prestar asistencia en emergencias”.
- Comparaciones alarmantes: Para ejemplificar el impacto, el Gobierno comparó el monto con “un tercio del calendario total de vacunas, tres veces el crédito destinado para políticas de cobertura en VIH, lepra, tuberculosis, ITS y hepatitis virales o al financiamiento de un año y medio de la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC)”.
- “Aumento desmedido e irresponsable”: El decreto sostiene que el proyecto “carece de un financiamiento genuino”, tiene una “redacción ambigua que fomenta la arbitrariedad”, “profundiza distorsiones salariales, compromete programas esenciales, erosiona la coparticipación federal y pone en jaque la estabilidad presupuestaria de la Nación y de las provincias”.
“Nuevamente, el Congreso pretende impulsar una medida que, bajo la apariencia de defender una causa noble, genera un aumento desmedido e irresponsable del gasto público, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal”, concluyen los fundamentos.
