Un informe técnico anticipó las graves consecuencias de eliminar Vialidad Nacional, una decisión que se confirmó este lunes con el anuncio de Manuel Adorni. Peajes inaccesibles, caminos sin mantenimiento y localidades desconectadas, en el horizonte inmediato.
El Gobierno Nacional oficializó este lunes una de sus medidas más polémicas: cerrar la Dirección Nacional de Vialidad. Lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. La decisión, sin embargo, ya había sido advertida por especialistas, entre ellos el ingeniero hidráulico y civil Claudio Velazco, quien días atrás elaboró un informe que ahora cobra total vigencia.
“El topo Milei parece tener en carpeta la eliminación de un organismo clave como la Dirección Nacional de Vialidad”, advertía Velazco antes de la confirmación oficial, en un trabajo donde detalla el deterioro acelerado de la red vial argentina y la falta total de inversiones desde diciembre de 2023.
Según el especialista, se necesitan casi 14 mil millones de dólares para un mantenimiento adecuado de las rutas nacionales, una cifra que se disparó por el abandono estatal y que seguirá creciendo si se concreta el traspaso de las trazas más rentables a manos privadas.
El informe, que toma como referencia el Decreto 28/2025, detalla la concesión de 9.154 kilómetros de rutas nacionales para su explotación por peaje. “En este contexto de abandono, el Gobierno pretende entregar las rutas más transitadas a los privados y dejar a la deriva del ‘no mantenimiento’ la extensa red restante”, señala Velazco.
Uno de los puntos más críticos, advierte, es que las rutas con bajo tránsito diario no serán rentables para los privados. Eso implicará que esos caminos quedarán sin obras ni mantenimiento, afectando directamente a pueblos y regiones enteras que dependen de esas vías para abastecerse, producir y trasladarse.
A esto se suma la pérdida de control estatal sobre la infraestructura vial y la desarticulación de un organismo con capacidad técnica para proyectar obras estratégicas y garantizar la seguridad vial. “Pretender eliminar un organismo como Vialidad Nacional es querer dejar de lado todo control serio del Estado hacia los emprendimientos viales privados”, advertía Velazco.
Además, alerta sobre la posible transferencia de rutas a las provincias, calificándola de irresponsabilidad. “Muchas provincias ni siquiera pueden mantener sus propias redes. Es una medida que profundizará el aislamiento y la desigualdad territorial”, concluye.
Claves para entender el cierre de Vialidad Nacional y su impacto
- La Dirección Nacional de Vialidad gestionaba 39.937 km de rutas nacionales, de los cuales 36.862 km estaban pavimentados y 3.075 km sin pavimentar.
- Según el ingeniero Claudio Velazco, el 41% de las rutas pavimentadas ya se encontraba en mal estado a comienzos de 2024.
- Desde diciembre de 2023 el Gobierno no realizó inversiones en infraestructura vial, acelerando el deterioro de la red.
- El Decreto 28/2025 establece la concesión de 9.154 kilómetros de rutas nacionales en tres etapas, para su explotación privada mediante peajes.
- Velazco calcula que se necesitan casi 14.000 millones de dólares para un mantenimiento adecuado de toda la red nacional.
- Los caminos con bajo tránsito diario (TMDA) no resultan rentables para empresas privadas, por lo que quedarían abandonados.
- Se prevé un encarecimiento de costos logísticos, productos de consumo y transporte por los nuevos peajes.
- La eliminación de Vialidad Nacional implica perder el control estatal sobre el estado de las rutas, la seguridad vial y la planificación estratégica.
- Especialistas alertan que traspasar rutas a las provincias es inviable por su fragilidad fiscal: hay 640.000 km de redes provinciales, muchas sin mantenimiento.
- Se pone en juego, además, el derecho constitucional a transitar libremente, al dejar rutas aptas solo para quienes puedan pagar peajes.
