El proyecto está orientado a inversiones por más de US$ 1.000 millones en infraestructura digital e inteligencia artificial y tendrá una estabilidad jurídica por 30 años. La defensa ideológica del oficialsimo. El plan de pago para los fondos buitres.
Luego de casi cuatro meses de atajar los escándalos generados por los gastos patrimoniales de Manuel Adorni, el Gobierno logró ordenar la tropa y avanzar con su agenda en el Congreso. Negoció con los aliados, acordó con los gobernadores y consiguió, así, blindar al jefe de Gabinete y aprobar uno de los proyectos con los que se propone relanzar la imagen de la gestión: el Super RIGI.
Poco antes de las 23:30, y con 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones, el Gobierno consiguio la media sanción para el proyecto.
El debate todavía se estaba llevando a cabo en el recinto, pero en el Gobierno se mostraban confiados: superado el affaire Adorni, a quien habían logrado proteger el día anterior volteando la sesión opositora, los votos para avanzar con el nuevo Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones serían cuestión de tiempo. El secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, paseaba por los pasillos de la Cámara de Diputados, atento a las negociaciones de último momento, pero no se lo veía nervioso. “Los votos están justos, pero están”, deslizaban en el oficialismo. La comprobación llegaría cerca de la medianoche con el apoyo de los diputados del interbloque Fuerza del Cambio (Pro, UCR, MID, Por Santa Cruz), Innovación Federal (Salta+Misiones), Independencia (Tucumán) y Producción y Trabajo (San Juan).
A última hora, el oficialismo logró introducir en el dictamen una modificación del inciso D del artículo 113 que establece que “Las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios no aplicarán nuevas regalías ni nuevos cánones administrativos, como así tampoco aumentarán las regalías o cánones vigentes”.
El proyecto del Ejecutivo, una versión 2.0 del RIGI sancionado hace dos años, está orientado a inversiones destinadas a infraestructura digital e inteligencia artificial por más de mil millones de dólares. Un régimen que, según denunciaron numerosas organizaciones y fundaciones de desarrollo, estará destinado a la instalación de data centers en zonas puntuales de la Patagonia, donde hay acceso a recursos naturales, energía y bajas temperaturas. Incluye enormes beneficios impositivos, fiscales y cambiarios con garantía de estabilidad por 30 años.
El oficialismo, sin embargo, se tomó el debate en la Cámara de Diputados como una disputa ideológica sobre el modelo económico de Javier Milei. “Hay que salir de ‘cavernicolandia’. Hemos ahuyentado a las inversiones con el cantito de ‘combatir el capital’. El capital no tiene patria, competimos con otros mercados, el capital va donde puede hacer negocios”, arremetió el libertario “Bertie” Benegas Lynch, quien, en categoría de miembro informante de La Libertad Avanza, ofició también de mandamás ideológico: “Volver a la seguridad jurídica es volver al concepto de propiedad privada”.
A diferencia de otros debates, en los que los diputados del oficialismo casi no se animan a tomar la palabra, esta vez hubo una decisión del bloque de tomar protagonismo. Con argumentos que iban desde la defensa al RIGI (no al Super RIGI) hasta chicanas por internas provinciales, los diputados de LLA hicieron un esfuerzo por respaldar la iniciativa del Ejecutivo.
“Este tipo de inversiones no sólo generan riqueza sino que generan puestos de trabajo valioso que van a destrabar lo que se hizo en la Argentina que fue abarrotar el sector público de empleados”, aseguró el correntino Lisandro Almirón, quien comparó el Super RIGI con el desarrollo de los ferrocarriles en el país y acusó al kirchnerismo de solo haber pensando el desarrollo del país en términos de “emisión monetaria, endeudamiento y generación de impuestos”.
La oposición, mientras tanto, cuestionaron que el régimen ofreciera concesiones ilimitadas –como la reducción del impuesto a las Ganancias y las cargas patronales, eliminación de derechos de exportación y la garantía de que lass disputas irán directamente a arbitraje internacional– sin casi ninguna contraparte productiva al país.
Solo hubo una concesión, incluida a último momento como parte de las negociaciones con los aliados, que establece una cláusula de “compre argentino” para el 20% de las contrataciones a proveedores. Aunque con una salvedad: “siempre y cuando las condiciones estén en condiciones de mercado”.
“Es una trampa. Van a hacer competir a las PYMES que están en condiciones mucho más desfavorables que la apertura de importaciones”, cuestionó la diputada peronista, Victoria Tolosa Paz, que también cruzó a Benegas Lynch por el comentario sobre “cavernicolandia”: “No hay nada más cavernícola que confundir inversión con desarrollo. Lo que le falta es garantizar el desarrollo. Basta con mirar lo que hacen Brasil y Chile”.
“Esto es parte de un plan macabro para entregar a la República Argentina. Porque este proyecto está encadenado a la ley de Glaciares, la reforma laboral y la ley de inviolabilidad privada. Es todo un paquete para que los fondos buitre vuelvan a hacer negocios con la Argentina”, sumó el diputado y dirigente sindical, “Paco” Manrique.
Un plan de pago para los fondos buitres
Antes del debate por el Súper RIGI, el oficialismo pudo aprobar una autorización que le permitirá al Gobierno poder llevar adelante un plan de pago a dos “fondos buitres” que todavía conservan títulos de la deuda defaulteada del 2001. Con 139 votos positivos y 97 negativos el Ejecutivo podrá ejecutar ahora el acuerdo de conciliación económica que ya tenía media sanción en el Senado.
El Gobierno necesitaba conseguir esa autorización porque el 30 de junio vence el plazo fijado para concretar el acuerdo fijado en la justicia de Estados Unidos y que incluye una quita del 30% de la deuda. En total, la Argentina debe US$170 millones a los fondos “Bainbridge Ltd.” y “Attestor Value Master Fund LP.”
