En Casa Rosada reconocen que se analiza una recomposición salarial para la planta jerárquica del Estado, tras dos años de congelamiento. El decreto aún no fue firmado y genera tensión política por el contraste con el discurso del “no hay plata”.
En medio de un fuerte debate político por el ajuste del gasto público y el rechazo del Gobierno a avanzar con leyes aprobadas por el Congreso, en la Casa Rosada comenzaron a circular versiones sobre una posible recomposición salarial para los funcionarios nacionales a partir de 2026. Según trascendió en distintos medios, el presidente Javier Milei analiza firmar un decreto que habilite un aumento para los cargos jerárquicos del Poder Ejecutivo.
De acuerdo con esas versiones, la medida alcanzaría al Presidente, la Vicepresidenta, ministros, secretarios y subsecretarios, y se publicaría en el Boletín Oficial el próximo 2 de enero, aunque desde el Ejecutivo aclaran que todavía no está confirmada. En el entorno presidencial remarcan que la decisión final está en manos de Milei y de su círculo más cercano.
En el Gobierno sostienen que la eventual recomposición salarial buscaría compensar la pérdida del poder adquisitivo que acumulan los funcionarios desde el inicio de la gestión libertaria. Según estiman en Casa Rosada, los sueldos jerárquicos habrían sufrido una caída cercana al 60% en términos reales, en un contexto marcado por una inflación acumulada del 117,8% en 2024 y un IPC que suma 27,9% en 2025 hasta noviembre.
Qué alcance tendría el aumento que evalúa el Ejecutivo
Siempre según los trascendidos, el decreto en estudio no establecería un esquema diferencial respecto del resto de los trabajadores del Estado. “No va a haber un trato especial frente al resto”, repiten en Balcarce 50, donde aseguran que la recomposición no superaría los incrementos otorgados a los empleados públicos en el marco de las paritarias vigentes.
Actualmente, el esquema salarial del Poder Ejecutivo contempla sueldos brutos aproximados de $4 millones para el Presidente, $3,7 millones para la Vicepresidenta, $3,58 millones para los ministros, $3,2 millones para los secretarios y $2,8 millones para los subsecretarios. En comparación, los diputados nacionales perciben alrededor de $7 millones y los senadores cerca de $9,5 millones.
Las paritarias del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), negociadas con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), incluyeron en 2024 aumentos escalonados de entre el 1% y el 3,5% mensual más sumas fijas, mientras que en 2025 se aplicaron ajustes de entre el 1,1% y el 1,3% mensual entre junio y noviembre, según las actas oficiales.
Tensiones internas y antecedentes sensibles
El tema salarial generó tensiones internas dentro del gabinete a lo largo de 2025. Según fuentes oficiales, hubo planteos directos al Presidente para habilitar su firma, aunque el Gobierno decidió postergar cualquier definición hasta después de las elecciones de octubre para evitar costos políticos.
En el Ejecutivo argumentan que el congelamiento de los sueldos complicó el funcionamiento interno de la gestión, especialmente en lo referido al armado y la retención de equipos técnicos. “La brecha con el sector privado se amplió y eso dificulta cubrir cargos estratégicos”, admiten en despachos oficiales.
La redacción final del eventual decreto estaría siendo trabajada por los equipos de la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal, y habría sido consensuada entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación).
No es la primera vez que el Gobierno avanza en este terreno. El último intento de otorgar un aumento salarial al gabinete terminó con la derogación de la medida y con la salida del entonces secretario Armando Guibert, un antecedente que explica la cautela con la que hoy se maneja el tema.
A la espera de una definición oficial, las versiones sobre el aumento volvieron a tensar el escenario político y pusieron en discusión el alcance real del ajuste que pregona el Gobierno. El eventual decreto, si se concreta, reabrirá el debate sobre prioridades, discurso y poder dentro del Estado.
